Informó el alto comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre.
El alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Rodolfo García Esquerre, informó que el Gobierno busca una reducción del 10% anual de esta actividad ilícita a través de una estrategia multisectorial, que será presentada este mes.
Sostuvo que se trata de una tarea de largo aliento que exigirá el establecimiento de metas anuales, con el objetivo de reducir significativamente la minería ilegal en una década.
«Cada institución vinculada a la reducción de la minería ilegal deberá generar sus propios planes, los cuales deberán ajustarse al presupuesto», explicó García en Diálogos Mineros, producido por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
El alto comisionado afirmó que, con la cooperación de todas las instituciones involucradas, se espera lograr este 10% de reducción anual e insistió en que el compromiso con la formalización y el desarrollo de economías alternativas son claves para avanzar en este proceso.
«Contamos con la tecnología necesaria para hacer la trazabilidad del material minero, los insumos y los explosivos, lo que nos permitirá medir el impacto de nuestras acciones», agregó García Esquerre.
Mencionó que la comisión multisectorial encargada de esta estrategia está compuesta por nueve ministerios y entidades como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, entre otras.
Operativos de interdicción
De otro lado, el alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la PCM informó que hasta las interdicciones realizadas en lo que va de este año han generado pérdidas por más de S/ 2 mil millones en material incautado y destruido.
Detalló que, hasta el 28 de julio, se llevaron a cabo 481 operativos de interdicción, la mayoría de ellos en Madre de Dios. “En agosto y lo que va de setiembre, hemos hecho ya 106 operaciones más. Estamos cerca de 600 operaciones de interdicción”, indicó el funcionario, quien precisó que estos operativos se realizaron también en La Libertad, Amazonas y Loreto.
En esa línea, insistió en la necesidad de complementar estos operativos con acciones como la formalización de los mineros informales, a fin de integrarlos dentro de un marco legal para lograr una solución a largo plazo.
García subrayó además que la criminalidad muchas veces se asocia a esta actividad, razón por lo que se declaró el estado de emergencia en la zona de Pataz. «Pero en otras zonas también necesitamos intensificar los operativos», expresó.
