Empresarios del sector privado plantean una nueva redacción que los incluya en los contratos para los lotes VI y Z-69. Fuerza Popular, en tanto, busca descabezar Perupetro desde el Congreso.
Gremios que agrupan a algunas de las empresas más poderosas del país solicitaron este miércoles la reprivatización de los lotes VI y Z-69 de Talara, cuyos contratos están próximos a vencer, durante un periodo de al menos tres años, a fin de iniciar un nuevo proceso a cargo de Perupetro que las incluya.
En una sesión que reunió a los titulares de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y Comex, los representantes privados señalaron que la decisión del Gobierno de revertir los lotes a través de Petroperú sería inadecuada pues, entre otros aspectos, carece de profesionales que garanticen la exploración en la zona, además de relegar el interés de los actuales operadores de perpetrarse.
“Consideramos que debe hacerse una extensión temporal que permita hacer una preparación para la transferencia al mejor postor, uno que reditúe los mejores beneficios al Perú. Y eso va a durar, por lo menos, tres años para una transición ordenada”, dijo Alfonso Bustamante, presidente de Confiep.
Además, señaló que Petroperú no cuenta con recursos para ingresar a los lotes ni los navíos para operar las plataformas marinas del Z-2B.
Esta posición fue respaldada por Víctor Gobitz, presidente de la SNMPE —organización que agrupa también a petroleras estatales de otro país—, quien manifestó que la exploración petrolera es una actividad de alto riesgo “diseñada para que asuman los privados”.
No obstante, Gobitz reconoció que seguimos siendo un país deficitario de crudo —a nivel de reservas y producción—, algo que se pensó moderar hace 30 años, cuando el noroeste quedó encargado a empresas que, en algunos casos, no tenían ninguna experiencia en el sector.
“No somos contrarios a la participación de Petroperú. Está normado que puede acompañar el proceso, pero estamos poniendo en relevancia que los recursos del Estado se usen de manera adecuada”, refirió el titular de la SNMPE.
Horizontes profundos
El expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa Alencastre, rechazó esta afirmación y recordó que los lotes de Talara son un negocio en marcha con cero riesgo que genera más de US$200 millones de EBITDA cada año, aun cuando los actuales operadores, que buscan quedarse hasta el cambio de mando en 2026, se dedicaron a “solo a drenar el petróleo antes descubierto” y realizar el mínimo gasto en exploración, al punto que la producción nacional cayó de 125.000 a 40.000 barriles por día (bpd).
Además, Ochoa precisó que a Petroperú sí se le está exigiendo reutilizar los ingresos inmediatos que genera Talara para aumentar la producción, así como realizar actividades de exploración en los próximos años, pero acompañado de un socio, tal cual ocurre en el Lote 192.
Por su parte, el ingeniero de petróleo Enrique Bisetti aclaró que si la estatal no cuenta con las barcazas demandadas por Confiep, es porque justamente les fueron despojadas durante la privatización, sin recibir nada a cambio pese a que mantuvo en 30 años su rol subsidiario de llevar combustibles a donde las empresas privadas no llegan.
En este punto, explicó que la industria petrolera hoy se maneja con empresas contratistas —tal cual ocurre con los actuales operadores— que realizan las actividades sobre los campos.
La academia tampoco aprueba la posición empresarial. Alexei Huerta, catedrático de la UNI, detalló que existen hasta 31 áreas para explorar y posteriormente explotar hidrocarburos en todo el territorio, por lo que no existen razones para argumentar que se “ahuyenta la inversión privada”.
Prueba de ello es que hoy la empresa Anadarko alista una millonaria inversión sobre los lotes Z-61, Z-62 y Z-63 frente a las costas de La Libertad para hallar no menos de 200.000 bpd.
Finalmente, sostuvo que Perupetro sí está facultada por ley a conceder lotes mediante negociación directa, como antes ya se hizo, sin mayor reclamo, a favor de empresas privadas.
FUENTE: La República