Viceministro de Minas, Henry Luna, compartió con la industria los avances realizados por su despacho para simplificar la tramitología existente.
Uno de los aspectos más debatidos durante los tres días de EXPOMINA Perú 2024 ha sido el del rol del estado y las políticas públicas que se deben llevar a cabo para desarrollar y consolidar la minería sostenible en el país. Por ello, se llevó a cabo el “Foro políticas públicas en minería 2025-2026” bajo la dirección de Delia Muñoz, coordinadora del programa de Maestría en Solución de Conflictos de la Universidad San Martín de Porres.
Este foro fue uno de los más importantes del segundo día de EXPOMINA Perú 2024 debido a que contó con la presencia de importantes autoridades del estado como Henry Luna, viceministro de Minas, ejecutivos como Guillermo Shinno, gerente general corporativo de Apumayo y miembros de la academia como Carlos Adrianzén, decano de la facultad de Economía de la UPC, entre otros.
El viceministro Luna inició su participación agradeciendo a la organización por la oportunidad de brindar más información sobre lo que viene realizando el estado en su rol como el ente responsable de la entrega de permisos y actualizaciones sectoriales. Asimismo, hizo un breve recuento del marco legal existente desde la década de los 90s y los cambios que se dieron más adelante con las nuevas legislaciones sociales y ambientales que generaron normas ligadas al cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social.
“También es importante mencionar que el ministerio tiene un rol normativo y promotor y que la fiscalización pasó a otras entidades como Sunafil para el tema laboral, Osinergmin para la seguridad minera y OEFA para la materia ambiental, donde también participa Senace para los procesos de producción correspondientes para la mediana y gran minería. A estas se suman algunas otras entidades nacionales y regionales que tienen otras competencias”, explicó el alto funcionario del estado.
El viceministro Luna continuó resaltando que las regulaciones en temas de estudios ambientales y otros aspectos son más sencillos para la pequeña minería y minería artesanal. Sin embargo, se requieren permisos de otros ministerios como el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura, otras instituciones como Senace, la Superintendencia de Bienes Nacionales, la Autoridad Nacional del Agua y gobiernos regionales y locales.
“Todos estos procedimientos tienen un programa y proceso establecido en la ley, donde se establecen los plazos necesarios para las distintas etapas que van desde la solicitud hasta la publicación, construcción y el título sea este el caso. Lo que queremos es que todos los actores involucrados en la minería cumplan estos trámites y actúen con transparencia”.
Simplificación
Sin embargo, Luna afirmó que desde el sector están trabajando para simplificar la tramitología y que para ello ya se dio el año pasado una norma para implementar una ventanilla única digital que se está desarrollando con el Ministerio de Economía y Finanzas y todas las instituciones relacionadas con la tramitología para la exploración minera.
“Hemos emitido otras resoluciones ministeriales relacionadas con la exploración y el proceso de simplificación de la FTA. Además, de dictar las normas, estamos brindando la capacitación correspondiente para que haya un mayor entendimiento de estas y se puedan elaborar estudios ambientales en menor tiempo y costo”.
Tarea pendiente
A su turno, Shinno tocó el tema “La agenda pendiente en minería y las políticas públicas que no pueden esperar”, señalando que hay algunas normas e iniciativas positivas como la que permite contar con la licencia de aguas mientras se solicita el permiso de operación.
“Sin embargo, no debemos centrar nuestros esfuerzos solo en este aspecto. El sector no debe perder la vista la conflictividad existente que hacen que no avancen muchos de los proyectos y hacer un mayor esfuerzo por distinguir la ilegalidad y la criminalidad de aquellos que buscan formalizarse”, indicó.
El ejecutivo también se refirió a la necesaria reforma de la tramitología existente que impide que la inversión privada se produzca, especialmente lo referido a los acuerdos con las comunidades locales y el medio ambiente. “Hoy en día, así la comunidad esté de acuerdo con el proyecto de todas maneras la autoridad tiene que hacer la consulta previa, un proceso que toma mucho tiempo y que impide que la inversión avance. Creemos que si ya existe un acuerdo formal entre la empresa y los pobladores debería ser suficiente para continuar”.
Por último, Shinno hizo un llamado al estado para que destine mayores recursos a los distintos procesos de acompañamiento de los proyectos porque es su función facilitar que las inversiones y los proyectos avancen. “El Minem debería orientar sus esfuerzos en que la cartera que existe se convierta en realidad. Por su parte, las empresas tienen que cumplir los compromisos asumidos con el estado y las comunidades”.