La situación se vuelve compleja ya que, en la actualidad, hay 20 instituciones del estado involucradas en la formalización.
Rodolfo García, alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), comentó que la mejor manera de combatir la minería ilegal es a través de la formalización. Según García, este proceso no solo hará la minería más sostenible, sino que también permitirá medir su impacto de manera efectiva.
Asimismo, García señaló que, en este eje transversal que abarca el ámbito social, también se requieren cambios en el marco legal. Sobre todo, cuestiona si las Direcciones Regionales de los Gobiernos Regionales deben continuar manejando el proceso de formalización o si este debiera regresar al Ministerio de Energía y Minas (Minem).
También plantea si la minería ilegal debe estar vinculada exclusivamente a delitos ambientales, considerando que hay otros delitos importantes como los de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la explotación infantil en las minas.
García subraya la necesidad de un enfoque integral, que combine sanciones e incentivos, para abordar este problema complejo. Con más de 20 instituciones del estado involucradas, la coordinación es fundamental para lograr resultados efectivos. Su rol, dice, es articular todos estos esfuerzos para combatir la minería ilegal de manera eficiente.
Caso Madre de Dios
Por su lado, Moisés Benites, gerente de Comunicaciones de Paskay, aportó desde su experiencia en temas forestales, ambientales y de cambio climático, especialmente en la región de Madre de Dios.
Benites recordó su primer viaje a la región en 2008, cuando la minería ilegal era visible solo desde un lado del avión. Hoy en día, la devastación es evidente desde cualquier ángulo. “Lo que antes eran campamentos improvisados se ha transformado en colegios y campos de fútbol, reflejando un crecimiento continuo mientras haya oro para extraer”, sostuvo el especialista.
Benites destacó que la centralidad de Puerto Maldonado está cambiando hacia zonas como La Pampa, donde ahora se concentran los negocios y servicios. Este fenómeno, que se repite en toda Sudamérica, también tiene un impacto significativo en la deforestación.
Por lo que recomendó proyectos, que monitoreen y emiten alertas mensuales sobre la deforestación, mostrando claramente cómo avanza la destrucción de los bosques en Perú debido a la minería ilegal.
Además, Benites mencionó varios proyectos de concesiones forestales y maderables, como la castaña y el aguaje, que buscan reducir la deforestación. Sin embargo, la minería ilegal en áreas no autorizadas presenta un desafío significativo. A pesar de los esfuerzos realizados, la falta de recursos para la fiscalización, como la falta de gasolina para las intervenciones, complica aún más la situación.
Finalmente, Benites resaltó que, aunque existen esfuerzos para combatir la deforestación y regular la minería, la realidad en el terreno es compleja y requiere una coordinación efectiva entre múltiples actores e instituciones.
“La situación en Madre de Dios refleja la necesidad urgente de abordar tanto los aspectos legales como sociales y ambientales de la minería ilegal para lograr un desarrollo sostenible y reducir el impacto negativo en el medio ambiente”, concluyó.
