Representantes buscan reunirse con el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, para que la PNP continúen las acciones contra la minería ilegal.
Luego de la aprobación en el Congreso de la República del proyecto de ley 7278, que deroga el Decreto Legislativo 1607, que establecía un freno a la minería ilegal y buscaba fortalecer el proceso de formalización, los gremios empresariales se pronunciaron y solicitaron al Poder Ejecutivo que observe la norma, pues favorece a la minería ilegal.
Dario Zegarra, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), mostró su preocupación por la derogación en el Congreso de una norma que había sido impulsada por el Gobierno para frenar el avance de la minería ilegal.
“Los impactos que generan la minería ilegal en el país nos afectan a todos. El 39 % del oro que exportamos provienen de la minería ilegal y en esa ruta se dejan de pagar impuestos que podrían servir para reducir brechas sociales. Representa también una pérdida del 2.5 % del PBI”, manifestó.
Refirió que el proceso de formalización que tiene como principal herramienta el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) tiene más del 83 % de inscritos con condición de suspendidos. Dijo que han transcurrido más de 8 años desde que se creó ese mecanismo, y a la fecha, no se han cumplido los requisitos de estos mineros para ser formales, entre ellos, la presentación de instrumentos que establezcan medidas de cuidado ambiental.
“El Reinfo se ha convertido en una herramienta para encubrir la ilegalidad: otorga a los inscritos la extensión de responsabilidad. Es decir, que no pueden ser procesados por el delito de minería ilegal y la criminalidad asociada, solo por el hecho de estar en el registro y estar suspendidos. Si queremos darle a nuestros hijos un país seguro y que permita el desarrollo de las personas, nuestras autoridades no pueden darle la espalda a la lucha contra la criminalidad”, enfatizó.
Solicitud al Ejecutivo
Leonie Roca, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), indicó que como gremios esperan que el Poder Ejecutivo rectifique y observe la norma que le quita facultades a los agentes policiales para intervenir y tomar acciones frente a la tenencia ilegal de materiales explosivos, insumo esencial para el desarrollo de la minería ilegal.
“Hubiéramos esperado que desde el Minem se diga que se observará la norma, para que lo aprobado ayer, dure el menor tiempo posible. Creo que sensibilizando a la población acerca de la seriedad que implica para el país convertirse en una república donde no hay ley, donde no hay orden, donde le quitan competencias a la Policía y cualquiera puede comprar explosivos, confiamos en que eso se revierta de inmediato», Sostuvo Roca, luego de que se le consultara por el comunicado del Minem que señala que seguirán trabajando dentro del marco legal luego de haber sido derogada la norma.
Por su parte, Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE); adelantó que además de emitir un comunicado formal que será enviado a la PCM, buscarán reunirse con el premier Gustavo Adrianzén para que el Ejecutivo tome cartas en el asunto y rectifique lo aprobado por el Parlamento. “El Congreso ha abdicado ante el crimen organizado”, sentenció.
Además de estos lideres gremiales, estuvieron presentes en la conferencia de prensa, Alonso Rey, segundo vicepresidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) y Gabriel Amaro, presidente de Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).
