“La estrategia de seguridad debe ser integral y preventiva si se quiere lograr resultados. Para ello se espera el compromiso del Poder Judicial”.
Entre las medidas tomadas por el Estado peruano contra la minería ilegal, está la intervención al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Se han establecido 90 días para que los registrados puedan resolver la falta de acuerdos con los titulares de la concesión, donde desarrollan sus actividades, o si tienen su inscripción suspendida por más de un año. De lo contrario, serán excluidos.
Es positivo que se tomen cartas en el asunto, considerando la ola de violencia desatada por los mineros ilegales. Hay que considerar que, aunque estas medidas contribuirán a transparentar la situación de miles de mineros incluidos en el Reinfo, se necesitan reformas complementarias para atender el problema de estancamiento en el proceso de formalización y, más aún, erradicar la criminalidad.
Es necesario establecer protocolos para la formalización y plazos específicos para su cumplimiento. La falta de acciones estratégicas para que un minero consolide una operación formal no solo ha propiciado la perpetuidad de este proceso que ya lleva más de 20 años. También alargó la brecha de desigualdad con la minería formal. Mientras esta última ha ido evolucionando en sus estándares operacionales, con el uso de tecnología y herramientas de gestión ambiental, los informales han sido ajenos a todo este desarrollo.
Ello, además, debe ir acompañado de una rigurosa fiscalización, siendo fundamental el apoyo del gobierno central a los gobiernos regionales. Estos últimos no han logrado desarrollar una fiscalización efectiva. La falta de recursos ha sido una constante frente a una actividad que moviliza cuantiosas sumas de dinero y que tiene capacidad para desplazarse por diversas partes del país.
En La Libertad, por ejemplo, los ilegales evaden los controles policiales utilizando Reinfos pertenecientes a Pataz, con camiones cargados de mineral extraído de Huamachuco. Además, como ha confirmado el alcalde de Sánchez Carrión, Santos Ruiz Guerra, se vienen desplazando, con sus bandas delincuenciales, de Pataz a nuevas zonas, con el riesgo social y ambiental que ello implica.
La estrategia de seguridad debe ser integral y preventiva si se quiere lograr resultados. Para ello se espera también el compromiso del Poder Judicial, de establecer sanciones ejemplares contra los delitos de la minería ilegal, y a su vez del Legislativo, para que no promueva nuevas propuestas para extender el Registro Integral de Formalización Minera.
Por: Jaime Polar Paredes, gerente general de Summa Gold Corporation
