El costo de la no ejecución entre 2008 y 2022, de los 23 proyectos mineros retrasados por razones ajenas a las empresas, significó pérdidas de S/ 698 mil millones para la economía peruana.
El Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó el estudio “¿Qué estamos perdiendo como país? El impacto económico de los conflictos sociales y la tramitología en la minería”.
La investigación permitió estimar el perjuicio sobre la economía, la recaudación fiscal y la generación de empleo debido a la no ejecución de los proyectos retrasados por razones ajenas a las empresas entre 2008 y 2022, la conflictividad social durante 2021-2023 y los retrasos motivados por la tramitología sobre un proyecto minero modelo representativo.
En primer lugar, se estima que el costo de la no ejecución entre 2008 y 2022, de los 23 proyectos mineros retrasados por razones ajenas a las empresas, significó pérdidas de S/ 698 mil millones para la economía peruana y S/ 123 mil millones en recaudación fiscal.
Además, se evitó la creación de hasta 541 mil empleos anuales durante la fase de producción y de hasta 125 mil empleos anuales durante la fase de inversión minera. La puesta en marcha de estos proyectos habría permitido aumentar el crecimiento promedio anual de la economía de 3,9% a 4,7% en el periodo entre 2008 y 2022. Con ello, 1,7 millones de personas adicionales habrían salido de la pobreza hacia 2022.
En segundo lugar, el estudio revela que la conflictividad social entre 2021 e inicios de 2023 obligó a 11 principales unidades mineras a detener sus operaciones, ocasionando pérdidas de S/ 7.000 millones en términos de menor PBI.
Con ello, el ritmo de crecimiento económico fue 1,1 puntos porcentuales menor. Además, la recaudación fiscal podría haber aumentado en S/ 1.800 millones, equivalente al 5,2% del total recaudado en el sector minero durante dicho periodo.
Finalmente, se evaluó el costo de los retrasos asociados a la tramitología administrativa que enfrentan los proyectos mineros. Se identificó que los principales cuellos de botella están relacionados a los instrumentos de gestión ambiental y el proceso de consulta previa, en las fases de inversión y preparación de la cadena productiva.
Se estima que las demoras por la tramitología pueden extender el cumplimiento de los procesos administrativos en hasta 6-7 años, más del doble del tiempo normativo de 2-3 años. En promedio, el retraso de cuatro años para un proyecto minero representativo del sector puede generar pérdidas para la economía por S/ 12.044 millones y de ingresos fiscales por S/ 2.066 millones. Además, se pierden 8,500 empleos por año durante la etapa de inversión y 7.400 empleos por año durante la etapa de producción.
Ante este panorama, es urgente implementar políticas coordinadas que enfrenten las causas subyacentes de la conflictividad social y la tramitología. Abordar estos problemas de manera efectiva es fundamental para fomentar un entorno empresarial más competitivo que permita aprovechar el enorme potencial del sector minero en el Perú para generar empleo y mayores recursos fiscales, permitir crecimiento económico y reducir la pobreza.
FUENTE: El Comercio
