“La minería es el principal aportante a la economía nacional, al representar el 16% del PBI, 13% del Impuesto a la Renta,10% de los ingresos fiscales, el 30% de la inversión extranjera directa, así como 35,000 millones de dólares de los 63,000 millones que exporta el Perú (56%)”, escribe Rafael Belaunde Llosa.
Perú es un país dotado con un enorme potencial minero, como pocos en el planeta; sin embargo, este potencial no significa riqueza minera, pues, para que se convierta en riqueza, enormes inversiones en exploración, explotación y transformación deben hacerse primero.
De este modo, el puente entre el potencial y la riqueza minera está constituido por nuestra capacidad para convocar inversión nacional y extranjera; para esto, el país debe ser (volver a ser) un destino confiable, jurídicamente predecible y la minería, una actividad sociopolíticamente viable.
Estos constituyen los desafíos más importantes y es particularmente pertinente ahora, que el mundo abandona los motores a combustión por la revolución de los motores eléctricos, que se garantizará una enorme demanda de cobre por décadas, mineral del que el Perú es el segundo productor mundial y del que tiene un gigantesco potencial para, al menos, llegar a los 5 millones de toneladas métricas (hoy alrededor de 2.4) en el corto plazo.
Cabe destacar que la minería es el principal aportante a la economía nacional, al representar el 16% del PBI, 13% del Impuesto a la Renta,10% de los ingresos fiscales, el 30% de la inversión extranjera directa, así como 35,000 millones de dólares de los 63,000 millones que exporta el Perú (56%).
Por ello, debemos entender el aprovechamiento de nuestros recursos mineros como una palanca hacia el desarrollo, como el inicio del camino y no como la meta en sí misma.
Para lograrlo, en primer lugar, tenemos que actuar sensata y desapasionadamente, a fin de poner en valor los más de 48 proyectos mineros, que implican una inversión de US$57,772, y utilizar la descomunal renta fiscal que dichos proyectos generarían (más de 100,000 millones de dólares) para financiar el desarrollo de nuestro capital humano (educación y salud) e infraestructura, elementos centrales para mejorar la productividad de nuestra economía.
Esto implica, entre otras cosas, una profunda reforma en la distribución, utilización de la renta minera y en la asignación de los recursos públicos. En la actualidad, la mayor parte del presupuesto se va en sueldos y pensiones, y solo una fracción a inversión. El panorama se agrava cuando constatamos que, en los últimos 20 años, los ingresos fiscales se multiplicaron por cuatro, pero la burocracia no esencial (la que no considera médicos, profesores, enfermeros, jueces, policías, etc.) lo hizo por diez.
Estas modificaciones solo serán posibles mediante un gobierno con ideas claras en las acciones a tomar, pero, sobre todo, con un mandato popular que genere consensos entre un amplio espacio de nuestra sociedad.
Liberar nuestro potencial minero es una necesidad imperativa para el progreso del Perú, así como una obligación moral con las generaciones venideras. Para lograrlo, debemos liberarnos de las taras que, falazmente, han impedido que aprovechemos esta extraordinaria dotación de recursos y abrazar nuestro camino al éxito, sin complejos.
Por: RAFAEL BELAUNDE LLOSA | Perú21
