Claudia Cooper, vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Externos de Antamina, sostuvo que el país necesita procedimientos más eficientes, mayor presencia del Estado en las zonas mineras y reglas claras.
Lima, 15 de octubre de 2026. La creciente complejidad de los procedimientos administrativos, las mayores exigencias ambientales y sociales, así como la falta de predictibilidad, podrían afectar la competitividad del Perú como destino de inversión minera.
Así lo advirtió Claudia Cooper, vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Externos de Compañía Minera Antamina, durante una entrevista concedida a la Revista Minería del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en el marco de los 25 años de operaciones de la compañía.
La ejecutiva señaló que el sector minero enfrenta un escenario cada vez más exigente, en el que resulta indispensable mejorar la eficiencia de los procedimientos y fortalecer la confianza entre las empresas, las instituciones públicas y las comunidades.
“Si operar en el Perú se vuelve demasiado complejo, la inversión puede dirigirse a otros países que también cuentan con potencial geológico”, advirtió Cooper.
En ese sentido, sostuvo que el país requiere instituciones confiables y una mayor articulación entre el Estado y las empresas para garantizar condiciones que permitan desarrollar nuevos proyectos y sostener las operaciones existentes.
Permisos mineros más eficientes
La representante de Antamina identificó dos aspectos fundamentales para destrabar las inversiones mineras: fortalecer la presencia del Estado en los territorios donde se desarrolla la actividad extractiva y mejorar la eficiencia de los procedimientos administrativos sin reducir los estándares ambientales y sociales.
Cooper explicó que muchas demoras en la tramitación de permisos están relacionadas con la incertidumbre que enfrentan las instituciones públicas al momento de tomar decisiones, además de las dificultades sociales presentes en los territorios.
Desde su perspectiva, resulta necesario contar con mayor claridad sobre los plazos y costos asociados a los procedimientos, de manera que las compañías puedan planificar sus inversiones con mayor certidumbre. “El costo más alto es el que no se conoce”, enfatizó.
Asimismo, señaló que las normas no solamente deben contar con respaldo legal, sino también con legitimidad ante las comunidades para generar confianza y facilitar el desarrollo sostenible de las operaciones.
Mayor presencia del Estado en zonas mineras
Cooper también destacó la necesidad de fortalecer la presencia permanente del Estado en las regiones donde operan las compañías mineras.
Según explicó, en numerosas ocasiones las empresas deben enfrentar directamente problemas sociales y demandas de las comunidades cuya atención corresponde a las instituciones públicas.
La ejecutiva advirtió que la intervención estatal suele concentrarse en situaciones de conflictividad, cuando debería mantenerse un trabajo continuo que permita atender las necesidades de la población y prevenir futuras controversias.
En ese contexto, recordó que los gobiernos locales y regionales tienen responsabilidades fundamentales en la ejecución de infraestructura y servicios públicos, mientras que el Gobierno nacional debe garantizar un entorno regulatorio adecuado.
Por ello, consideró indispensable articular los esfuerzos de los tres niveles de gobierno con la participación del sector privado, evitando que las compañías mineras sustituyan las funciones correspondientes al Estado.
Fuente: Revista Minería del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
