El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Juan Carlos Ortiz, sostuvo que la aprobación de una nueva Ley MAPE y una estrategia firme contra la minería ilegal son claves para preservar el aporte económico y social de la minería formal.
Lima, 6 de julio de 2026.- El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, señaló que el país debe fortalecer su institucionalidad minera para sostener el aporte de la minería formal a la economía nacional y enfrentar con decisión el crecimiento de la minería ilegal.
Ortiz indicó que la minería formal continúa siendo uno de los principales motores económicos del país, con exportaciones que superaron los US$ 21 mil millones al cierre de abril y transferencias por más de S/ 4,100 millones a las regiones mediante canon, regalías y otros conceptos.
El titular del IIMP afirmó que la aprobación de una nueva Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) debe ser una prioridad para el próximo Congreso, con el fin de diferenciar a quienes buscan incorporarse a la formalidad de quienes utilizan los procesos de formalización para encubrir actividades ilegales.
“El Perú necesita una norma definitiva, técnicamente sólida y plenamente aplicable, que diferencie con claridad a quienes realmente buscan incorporarse a la formalidad de quienes utilizan los procesos de formalización para encubrir actividades ilegales”, mencionó en una columna de opinión de Semáforo Minero.
Ortiz sostuvo que la formalización debe contar con objetivos, plazos y resultados concretos, y no convertirse en un mecanismo permanente que prolongue la incertidumbre. Añadió que el pequeño productor que desea operar dentro de la ley requiere reglas claras, acompañamiento técnico y oportunidades para integrarse a la economía formal.
Cobre en la mira
Asimismo, advirtió que la expansión de la minería ilegal hacia el cobre representa una amenaza para el desarrollo de nuevos proyectos, la competitividad del país y una actividad estratégica para la transición energética mundial.
Según el presidente del IIMP, la minería ilegal no solo genera impactos ambientales y evasión de impuestos, sino que también fortalece economías criminales, financia redes ilícitas y debilita la capacidad del Estado para ejercer autoridad en el territorio.
“El verdadero debate no es entre minería y desarrollo. El desafío consiste en decidir qué minería queremos promover”, aseveró.
Ortiz concluyó reafirmando el compromiso del IIMP con una minería moderna, competitiva, sostenible y plenamente integrada al desarrollo de las regiones, al considerar que esa es la actividad que genera bienestar y contribuye al futuro del país.
FUENTE: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)
