En una de las conferencias más esperadas del Primer Congreso Minero del Norte del Perú – NORMIN 2025, Roque Benavides Ganoza, presidente de Compañía de Minas Buenaventura y de la Comisión Organizadora del evento, advirtió que la minería ilegal se ha convertido en el principal problema del país, superando incluso al narcotráfico. En su exposición, propuso medidas concretas para combatir esta actividad desde la educación, la formalización y una mayor presencia del Estado en las zonas más afectadas.
La universidad y la empresa deben integrarse
Ante un auditorio colmado, Benavides resaltó la importancia de la colaboración entre empresa privada y universidad, destacando su experiencia docente en la PUCP, la UNI y la Universidad Nacional de Moquegua. “La universidad y la empresa no están separadas. Tenemos que estar integrados”, afirmó, subrayando que la sostenibilidad de la minería depende del equilibrio entre el cuidado ambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico.
Formalización y fortalecimiento institucional
Benavides enfatizó la necesidad de una política nacional de formalización, señalando que “ser formal no puede ser más difícil que ser informal”. Recordó que la minería ilegal genera más dinero ilícito que el narcotráfico, representando cerca del 39% de la producción nacional de oro (unos 4.000 millones de dólares anuales), sin pagar impuestos ni cumplir estándares ambientales.
Cuestionó el actual Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), al que calificó como “un instrumento que ha terminado encubriendo la ilegalidad”. Indicó que el 83% de los inscritos tienen actividades suspendidas, pero continúan operando sin sanción.
Minería ilegal como amenaza nacional
El empresario advirtió que la minería ilegal afecta la seguridad nacional, la gobernabilidad y el medio ambiente. Propuso declarar esta actividad como una amenaza directa a la seguridad nacional, crear una dirección especializada en el Ministerio del Interior y fortalecer las instituciones de fiscalización (Osinergmin, OEFA, Sunafil, Sunat y la UIF) para frenar el lavado de activos.
También solicitó incrementar el presupuesto público, actualmente de solo 79 millones de soles frente a los 4.000 millones de dólares generados por la minería ilegal, y diseñar una nueva ley para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) que promueva la formalización sin criminalizar a los trabajadores.
Trazabilidad y desarrollo sostenible
Benavides propuso establecer un sistema nacional de trazabilidad del oro, asistencia técnica para pequeños mineros y reducción de la burocracia estatal. “El Estado debe facilitar la formalización, no complicarla”, enfatizó.
Concluyó su intervención destacando que la lucha contra la minería ilegal requiere el compromiso conjunto del Estado, la empresa privada y la sociedad. “El Perú puede tener una minería mucho más próspera si el Estado acompaña en lugar de estorbar”, finalizó.
El programa del segundo día de NORMIN 2025 incluyó también la participación de representantes de empresas como Poderosa, Gold Fields, Rio Blanco y Newmont, así como de instituciones públicas como la ANA, Senace, ProInversión, Mincetur y Minem.
Fuente: NORMIN 2025
