Más de 600 intervenciones se han realizado en distintos puntos del país, especialmente en Madre de Dios, aunque el comisionado de la PCM asegura que por sí solas estas acciones no son la solución definitiva.
La magnitud de las interdicciones realizadas hasta julio de este año fueron destacadas por el alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rodolfo García Esquerre, al señalar que hasta el 28 de julio, se realizaron 481 operativos de interdicción, principalmente en la minería metálica.
Precisó, sin embargo que esta cifra aumentó a más de 600 en las últimas semanas, con operaciones adicionales en agosto y setiembre. Según el comisionado, las interdicciones han generado pérdidas para la minería ilegal por más de S/ 2 mil millones en material incautado y destruido.
“En agosto y lo que va de setiembre, hemos hecho 106 operaciones más. O sea, estamos cerca de 600 operaciones de interdicción y eso corresponde a un valor entre el material incautado y destruido de más de 2,000 millones de soles”, indicó, durante una entrevista en Diálogos Mineros, producido por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
A pesar de estos resultados, el comisionado señaló que las interdicciones, por sí solas, no son la solución definitiva al problema. «No podemos enfocarnos únicamente en hacer operativos aquí y allá; eso no va a solucionar el problema. La presencia del Estado en las zonas afectadas debe ser permanente», afirmó.
Asimismo, insistió en la necesidad de complementar estos operativos con acciones más profundas, como la formalización de los mineros informales. «Hay miles de compatriotas trabajando en situaciones informales. Necesitamos integrarlos dentro de un marco legal para lograr una solución a largo plazo», agregó.
El comisionado también explicó que la minería ilegal afecta gravemente al medio ambiente, especialmente en la minería aluvial, donde la depredación de los bosques y la contaminación de los cuerpos de agua son los problemas principales.
Señaló además la criminalidad que muchas veces se asocia a esta actividad. «En algunas regiones, como Pataz (La Libertad), hemos declarado el estado de emergencia y movilizado al ejército y la policía. Pero en otras zonas también necesitamos intensificar los operativos», afirmó.
En cuanto a las zonas de mayor intervención, el comisionado destacó que la mayor cantidad de interdicciones se ha realizado en la región Madre de Dios, aunque también se han llevado a cabo operativos en regiones como La Libertad, Amazonas y Loreto. «Todavía necesitamos desarrollar más capacidades para hacer estas intervenciones con mayor frecuencia y eficacia. Debemos apuntar a los centros de gravedad del problema, no solo a los síntomas», concluyó.
