Perú es el segundo productor mundial de cobre, mineral esencial para el cambio de matriz energética.
El cobre es considerado de vital importancia para la transición energética del país, precisamente el Perú es el segundo productor mundial de este metal y solo entre las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa se produce el 40% del total de la producción nacional, por eso, es importante que se provea de energías limpias a las comunidades cercanas a los proyectos extractivos, consideraron especialistas.
El informe “Transición justa: El cobre para la transición energética y el corredor del sur andino”, de los investigadores de CooperAcción Josselin Yauri, Thomas Niederberger y Paul E. Maquet, introduce el debate global sobre una transición energética justa para el Perú, donde el componente más importante corresponde a la gobernanza sobre los minerales.
El estudio explica que, entre los principales demandantes del cobre está China, que representa el 53.6% del total demandado a nivel mundial en 2020, debido justamente a su elevada producción de instrumentos que sirven para promover la energía renovable.
«La demanda del cobre va a crecer significativamente. Bloomberg ha estimado que podría crecer un 53% para el año 2040, y se dice que se podría casi duplicar o triplicar según la Agencia Internacional de Energía (IEA). Esa es la tendencia que se espera en el marco de la transición energética”, destacó la economista Josselin Yauri.
La consultora Wood Mackenzie estima que el crecimiento de la demanda de cobre de las minas crecería en 1.5% anual de 21 millones de toneladas en el 2021 a casi 34 millones en el 2050. Este 1.5% incluye la demanda de cobre por la transición energética que demanda el cambio climático.
El documento de CooperAcción indica que las comunidades donde se está extrayendo el cobre para electrificar otros países y evitar los gases de efecto invernadero (Asia, Europa o América del Norte) no tienen acceso a estas energías limpias o están por debajo del promedio nacional y de los promedios nacionales rurales.
El investigador Paul E. Maquet explica que, en el caso de Espinar, solo el 33% de los hogares rurales que están al lado de las unidades mineras tienen conexión eléctrica, mientras el promedio nacional está por encima del 90%. Lo mismo se repite en Chumbivilcas. Para el especialista, se deben plantear condiciones para que no se vuelvan a replicar situaciones de conflictividad social y ambiental como las de Las Bambas.
«Si queremos hacer las cosas bien, necesitamos fortalecer la institucionalidad ambiental, fortalecer el Senace, una autoridad transectorial. Fortalecer al OEFA con su capacidad de fiscalización. Una de las cosas que no se está haciendo es la evaluación ambiental estratégica, la política de expansión minera en el Perú no la tiene», refiere Maquet.
Mariano Castro, exviceministro del Ambiente, señaló que Perú, como segundo proveedor global del cobre, tiene un rol angular en el mundo sobre el tratamiento de estas industrias. No obstante, reconoció que la tarea se está perdiendo, pues además de la paradoja de una magra electrificación en las zonas de influencia minera, también subsiste un 50% de anemia infantil en dichos territorios.
Ante ello, pidió no reducir el debate sobre la promoción de la minería en el país a descongestionar los permisos ambientales. “Las respuestas deben darse a múltiples niveles. La discusión sobre la transición energética justa no solo pasa por resolver la ineficiencia en los procedimientos y trámites”, subrayó.
